¿Qué es el dinero negro?

El dinero negro es dinero opaco al fisco. Puede ser de dos tipos; dinero negro procedente de actividades delictivas (tráfico de drogas, contrabando de armas, prostitución, extorsión, trabajo ilegal y, últimamente, terrorismo…); y dinero negro oculto a Hacienda, que no ha sido declarado, generalmente para eludir el pago de impuestos. Ese dinero negro puede proceder de actividades económicas lícitas.

¿Qué es la economía sumergida?

Se puede entender como un intercambio de bienes y servicios que no está controlado fiscalmente y se registra, en mayor o menor medida, en casi todos los países del mundo. la economía sumergida provoca unos efectos negativos directos tanto en los trabajadores como en las empresas y en la sociedad en general.

Consecuencias para los trabajadores

Trabajar sin contrato genera una gran desprotección en todos los ámbitos: social, médico, económico o laboral. El hecho de tener un accidente que impida al empleado desempeñar su labor le condena a pasar un tiempo sin percibir ningún tipo de ingreso por baja, al carecer de coberturas ante un siniestro. Si falleciera sin haber cotizado a la Seguridad Social el tiempo establecido, su cónyuge tampoco tendría una pensión de viudedad. Y en caso de despido, el empleado tampoco tiene por qué percibir una indemnización del empresario, ya que no está contratado de manera legal.
Los efectos negativos de la economía sumergida también se notan al cobrar la pensión por jubilación. Quienes hayan cotizado menos tiempo del estipulado no tendrán derecho a recibir esta renta, que disminuirá para quienes hayan realizado trabajos de espaldas a la normativa durante periodos largos.

Consecuencias para las empresas

El prestigio es uno de los aspectos que impulsa el crecimiento de los negocios, y con la explotación laboral se consigue dinero, pero no una buena reputación. Las compañías que despojan de sus derechos a los trabajadores pueden ser descubiertas en las inspecciones laborales y fiscales. Cuando esto ocurre, se les imponen graves sanciones. Las empresas que operan de esta manera tienen mayores dificultades para consolidarse en el mercado y pervivir a lo largo del tiempo.

Los defraudadores no pueden acceder a subvenciones públicas u otro tipo de inversiones, ya que para ello tienen que aportar una documentación que podría desenmascararles.

Consecuencias para el consumidor y la sociedad

La reducción de los impuestos recaudados. Si un empresario no da de alta al trabajador o este cotiza por un número de horas menor y cobra una cantidad “en negro”, deja de pagar un porcentaje que permite el sostenimiento del estado de benestar.

La economía sumergida no contribuye a sostener los gestos. Pero estos defraudadores sí disfrutan de los servicios que ofrece el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local: acuden a la sanidad pública, transitan por las carreteras, asisten a colegios y bibliotecas. Restan calidad de vida a quienes contribuyen a mantener estos servicios e incluso les quitan la posibilidad de acceder a ellos. Esto supone una desincentivación de los comportamientos responsables.
El riesgo de pobreza extrema es mayor también en los países donde abunda el empleo en precario. Al no tener ningún respaldo del sistema (en forma de subsidios de desempleo, pensiones por jubilación o viudedad, bajas laborales, etc.), la persona, ante un largo periodo sin trabajo, puede verse abocada a la exclusión social.

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